La aparición -y proliferación- del virus identificado científicamente como SARS-CoV-2, causante del COVID-19 (acrónimo del inglés coronavirus disease 2019), puso al mundo frente a un flagelo pocas veces visto.
Si bien es cierto que en el año 2009 apareció una enfermedad aparentemente similar, lo cierto es que vastas regiones del mundo no habían sufrido las consecuencias de una enfermedad de estas características, ya que la misma es (y así se observa) como peligrosa y altamente contagiosa.
El primer caso registrado en nuestro país data del 3 de marzo de este año. En fecha 20 de marzo se dicta el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020, por el que se estableció el Aislamiento Preventivo Social Obligatorio, que no es otra cosa, sino el estado de Cuarentena, medida ésta que debió instalarse en el país para usar la única herramienta que hasta la fecha se conoce para evitar la propagación del virus y sus consecuencias: el aislamiento y el distanciamiento social, con la existencia de unas pocas actividades autorizadas para su realización: actividades sanitarias, de seguridad, y las de logística de provisión de alimentos.
A la fecha llevamos casi dos meses de actividades paralizadas, con algunos casos de flexibilización parcial y zonal, como ocurre en la provincia de Corrientes, con unas pocas habilitaciones focalizadas de autorización para permitir un mínimo de activad comercial y profesional que atienda a las necesidades sociales.
Ahora bien, lo cierto es que la cuarentena y el encierro forzado de las personas en sus domicilios descubrió la triste situación por la que pasan miles de mujeres en nuestro país.
Una cultura anacrónica, que ve en el sometimiento de las mujeres, a manos de los hombres, llevó a las víctimas a vivir obligatoriamente con sus victimarios, y sus consecuencias son las que se sabía de antemano que iban a ocurrir: cientos y miles de mujeres violentadas, y hoy decenas de mujeres asesinadas por sus parejas, sean éstas actuales o anteriores.
En Argentina se registraron 117 femicidios en lo que va del 2020. De acuerdo con el observatorio “Ahora que sí nos ven”, el 68 por ciento de los femicidios es cometido por una pareja o ex pareja y el 66 por ciento ocurre en la casa de la víctima.
De acuerdo con cifras del observatorio de las violencias de género citado, entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2020 hubo 117 femicidios en todo el territorio nacional. De ellos, 106 fueron asesinatos donde las víctimas son mujeres, y 7 fueron femicidios vinculados contra mujeres niñas.
Durante el mes de abril (finalizado hace unas semanas) se registraron 28 muertes por violencia machista. Del dato se desprende que en ese período, una persona murió por razones de género cada 26 horas.
Ahora bien, hay un dato aterrador, unos 67 de esos homicidios, según los informes de las ONG´s especializadas en la temática, ocurrieron durante la cuarentena. La misma cuarentena que se ha de prorrogar hasta fines de mayo, con suerte.
La violencia contra la mujer -especialmente la violencia sexual- constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres, y claramente no resulta una de las cuestiones tomadas en cuenta a la hora de definir políticas de Estado, tanto por los gobiernos nacional, como tampoco por los gobiernos locales de provincias y municipios.
La ausencia de un trabajo de prevención y contención a las víctimas, de recepción de denuncias, y la inexistencia de un protocolo policial y judicial expeditivo hace que las mujeres estén peor dentro del confinamiento que si tuvieran que estar fuera de sus domicilios.
Claramente al Estado no le interesan las mujeres, por más que se hayan sancionado dispositivos legalmente correctos y respetuosos de las normas internacionales. Los problemas económicos surgidos del caos que provocó el confinamiento social, no sólo que ha expuesto el flagelo por el que peregrinan las mujeres en nuestra sociedad, sino que lo está multiplicando, en todas sus formas de violencia: física, económica, laboral, social, psicológica y esencialmente doméstica.
La inexistencia de un Estado que garantice el respeto a los Derechos Humanos de las mujeres, nos lleva a replantear la necesidad de medidas de solidaridad y colaboración con las víctimas, evitando la propagación de este mal social.
A lo largo de los milenios han sido ultrajadas y violentadas, y en pleno siglo XXII ello sigue vigente, mientras tanto, cada día una mujer más pasa a engrosar la lista de las estadísticas, y nadie hace nada.
La pregunta es: no nos toca a nosotros ocuparnos del tema? Es mi palabra.
Juan Antonio Arregin – abogado – Mat. Prof. Ctes 8356 / Chaco 5857 / CSJN T116 F769